Ante el Séptimo Juzgado de Garantías fue formalizado por la Fiscalía Militar el reportero gráfico y presidente del Sindicato ARI, Jorge Zúñiga San Martín, supuestamente por haber dado un puntapié a un policía antimotín durante incidentes ocurridos el 1º de mayo de 2009. La "agresión" habría ocurrido en un sector de Alameda donde el profesional no se encontraba, pues se dirigía a cubrir otra manifestación que se efectuaba en el sector de Plaza Almagro, muy distante del lugar donde la policía afirma que pateaba a sus funcionarios.
Los argumentos de la defensa de Zúñiga, representado por el abogado de DDHH. Rubén Jerez, obligaron a suspender la vista de la causa el 03 de febrero a las 14:00 hrs. en los Tribunales de Garantía de Santiago.
Resulta sorprendente la diligencia de la Fiscalía Militar para encausar a un reportero gráfico, usando datos inexactos y hasta ahora desconocidos testimonios gráficos, y su casi nula reacción ante los delitos que cometen los uniformados en contra los profesionales de la prensa. Jorge Zúñiga ha sido detenido arbitrariamente en varias oportunidades por ejercer su labor de reportero gráfico y ha recibido agresiones bastante más serias que un puntapié, resultando con severas lesiones.
Recientemente dos reporteros independientes, socios del Sindicato ARI, también fueron arrestados en el marco de una manifestación de solidaridad con presos izquierdistas y no solo fueron arrestados, sin que además recibieron un trato inusitadamente violento. Uno de ellos fue derribado por un policía quien luego lo tomó por el cuello y trató de afixiarlo. Después fue pateado al interior del bus celular y pisado, mientras se encontraba esposado. Este tratamiento violento y abusivo fue reiterado al interior de la 3ª Comisaria de Carabineros, distante a dos cuadras del palacio de La Moneda.
No contentos con estas agresiones, policias antimotines y de esa Comisaría ahora proceden a destruir los instrumentos de los reporteros independientes, ya sea cámaras fotográficas, grabadoras de sonido y también borran los registros que contienen sus tarjetas de memoria. El caso más grave afectó al reportero Mauricio Curihuinca, a quien se le requisó su cámara fotográfica, negándose la policía a entregársela al momento de liberarlo. Hecho por el cual ya se han interpuesto los recursos correspondientes.
La justicia debe considerar los innumerables abusos cometidos por la tropa antimotín en contra de reporteros y gráficos, entre los cuales está la incalificable agresión al fotógrafo Víctor Salas, quien estuvo a punto de perder su ojo derecho a manos del carabinero Ivar Barría Alvarez, quien lo atacó con una fusta metálica durante incidentes ocurridos en las afueras del parlamento, en mayo de 2008.
Lejos de entregar al responsable de esta acción, Carabineros hizo todo lo posible por encubrir al culpable e incluso debió intervenir la PDI para lograr identificar a Barría, pues operó una suerte de código de silencio entre los uniformados.
El Sindicato ARI advierte de estas acciones violentas y maliciosas por parte de la policía de Carabineros y no solo entablará las acciones judiciales correspondientes, sino que ha instruido a sus socios a tomar precauciones en su labor y acopiar el máximo de antecedentes para lograr identificar a los autores de estas agresiones, los que normalmente se repiten en diversos casos. Durante la dictadura militar hasta detalles insignificantes sirvieron no solo para identificar centros de tortura sino también a los torturadores y por lo menos lograr formalizarlos ante la justicia. Debemos por tanto aprender de esa experiencia.
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